La protección de los animales de compañía en Europa es responsabilidad de los Estados Miembros. En España, esta competencia se ha trasladado a las Comunidades Autónomas, que han promulgado leyes de protección animal autonómicas.

Andalucía, Aragón, Extremadura y Asturias se hunden en la prehistoria de los tiempos y aún no han promulgado su ley autonómica. La falta de legislación a nivel nacional ha dado lugar a una confusión e incluso contradicción legal entre las diferentes leyes autonómicas.En Canarias están prohibidas las corridas de toros permitidas en el resto de España, que prohíbe las peleas de gallos que se permiten en Canarias. El «corredor de la muerte» de las perreras municipales varía entre la muerte inmediata de aquellas comunidades autónomas donde no hay ley, a los 19 días de Castilla León o Galicia.

La única referencia al maltrato de los animales a nivel nacional la encontramos en el Código Penal, concretamente en el artículo 632. Sin embargo, este artículo no fue acertado en su planteamiento y da la impresión de que el legislador quiso cubrir el expediente y quedar bien sin comprometerse a nada. Textualmente castiga a: «los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente».

Este texto ha creado problemas de interpretación entre los jueces, ya que algunos entienden que para poder aplicarlo es necesario que el acto se realice en «espectáculo público no autorizado» tanto para el primer inciso «animales domésticos» como para el segundo «cualesquiera otros», mientras que otros interpretan que esta circunstancia sólo es exigible para el segundo tipo de animales.

A falta de otra normativa en aquellas autonomías sin legislación propia, algunos jueces han utilizado este artículo para sancionar actos de maltrato con los animales, resolviendo siempre multas que resultan ser de pequeña cuantía.

De cualquier manera, tanto en el caso de la legislación autonómica como en el caso del Código Penal, las únicas medidas punitivas que se pueden tomar son de tipo administrativo y no van más allá de una multa que puede oscilar entre las 10.000 pesetas para las infracciones leves y los 2.500.000 de pesetas para las muy graves, con la circunstancia añadida de que las autoridades competentes siempre aplican la cuantía más baja posible.

España, cuando tuvo que legislar sobre esta materia, decidió no imitar a sus socios europeos más avanzados en legislación proteccionista como Holanda o Inglaterra, donde se pueden castigar los actos extremos de crueldad con animales con penas de cárcel.España, en cambio, generó una legislación similar a la de Portugal o Grecia que, como nosotros, castiga la crueldad más salvaje con meras multas administrativas siempre fáciles de evadir con declaraciones de insolvencia, falta de ingresos y propiedades...

Muy diferente hubiera sido el caso si el terrible suceso que ha tenido lugar en Tarragona en vez de tener como desgraciados protagonistas a unos «simples» perros, hubiera afectado a un águila real, chimpancés de procedencia ilegal o cualquier otro animal en peligro de extinción. En ese caso, la legislación de protección medioambiental o de importación de especies exóticas nos hubiera permitido encarcelar a los autores del atentado contra la fauna autóctona o foránea. Este hecho nos demuestra que, en España, tenemos que esperar a que una especie animal se encuentre en peligro de extinción para que las leyes la protejan, más o menos eficazmente.

Sorprende la diligencia y las promesas de la administración para intentar castigar a los culpables de la crueldad cometida en Tarragona con toda la fuerza de la ley (que desgraciadamente siempre será poca). Quizá la cobertura dada por los medios de comunicación ayude a que en este caso la ley de protección animal de Cataluña se cumpla, pero no podemos olvidar que en la inmensa mayoría de los casos, menos morbosos y por lo tanto de menor interés para la prensa, las autoridades simplemente ignoran los casos de crueldad con animales.

La Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) denunció hace un año y medio a un particular en Caravaca de la Cruz, en Murcia, por mantener a doce perros permanentemente atados, la mitad de ellos enfermos de leishmania y sin agua ni comida, como confirmó el SEPRONA, sin que haya servido para nada. La desidia de las autoridades murcianas nos ha obligado a dirigirnos a instancias superiores.

En Navalcarnero, Madrid, hace dos meses robaron seis perros del albergue que tiene la sociedad protectora de animales. Nadie sabe qué vida llevan estos animales, si es que viven, y a las autoridades, a pesar de la denuncia, no les interesa lo más mínimo investigar. En Daimiel, Ciudad Real, se han descubierto perros ahorcados sin que hasta ahora se le haya prestado la menor importancia.En Avilés una persona que tiró a su perra desde un puente fue absuelta por, según el juez, falta de intención de hacer daño al animal: la perra murió atropellada y se produjo un accidente de tráfico. Podríamos citar muchos más ejemplos como éstos. Parece como si las leyes de protección animal, allí donde existen, se hubieran redactado con la intención de que no surtieran ningún efecto, incluidas las leyes de animales potencialmente peligrosos.

En España es urgente que exista una legislación nacional válida y por dos veces ANDA ha colaborado con el Ministerio de Agricultura sin que haya salido adelante, lo que confirma nuestra teoría de la falta de intención política real de nuestros gobernantes.También es necesario que ciertos casos extremos de crueldad sean tipificados como delito en el Código Penal para que tenga un efecto disuasorio para los delincuentes.

Mariana Sanz de Galdeano es presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA)